Tras la designación de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Asociación Nacional de Servicio Públicos y Comunicaciones (Andesco), expuso algunos desafíos que enfrenta el gremio y que "deben ser atendidos" por el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con la asociación, el principal desafío del próximo Gobierno en materia de agua potable y saneamiento básico es construir “una agenda de Estado, con visión de largo plazo”, que trascienda los periodos de gobierno y tenga como objetivo “garantizar la universalización del acceso a servicios seguros, sostenibles y de calidad al año 2030”.

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Señaló, además, que pese a que el Ministerio de Vivienda reportó inversiones superiores a los $17,5 billones, proyectos estratégicos financiados mediante vigencias futuras por $3,5 billones, 46 proyectos de infraestructura y más de 4,3 millones de potenciales beneficiarios, el país “continúa enfrentando un problema estructural: la diferencia entre comprometer recursos y ejecutar efectivamente las obras”.

Aseguró también, que se encontraron “numerosos proyectos” sin iniciar contratación o con retrasos “significativos”, lo que representa un “mayor esfuerzo” en la ejecución “eficiente” que permita transformar las inversiones en “servicios efectivos” para los ciudadanos.

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“El nuevo ministro de Vivienda tiene la oportunidad de impulsar un cambio de enfoque. Durante años la política pública ha estado concentrada en construir infraestructura. Ahora el reto consiste en garantizar que esa infraestructura se traduzca en servicios públicos sostenibles, con empresas financieramente sólidas, regulación estable, instituciones fuertes y capacidad de adaptación frente al cambio climático”, aseveró.

Desde Andesco se propusieron que la agenda del próximo Gobierno contemple seis puntos:

1. Pasar de una política de cobertura a una política de acceso efectivo, “no basta con construir infraestructura. La verdadera universalización implica que los ciudadanos reciban un servicio disponible, continuo, seguro, de calidad y económicamente asequible”.

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2. Priorizar las inversiones donde existen mayores brechas. “Los recursos públicos deben orientarse hacia los municipios con mayores necesidades de acceso y calidad, evitando su dispersión y maximizando el impacto social de cada inversión”.

3. Garantizar estabilidad regulatoria y fortalecer la participación técnica y ciudadana dando de nuevo trámite a la expedición de los Nuevos Marcos Tarifarios. “Las decisiones regulatorias deben sustentarse en análisis técnicos rigurosos, estudios de impacto normativo y procesos amplios de participación, lo cual el regulador no ha cumplido en los trámites de expedición de los nuevos marcos tarifarios de acueducto, alcantarillad y aseo. La estabilidad regulatoria genera confianza, preserva la suficiencia financiera de las empresas y facilita la inversión de largo plazo, por eso se hace urgente”.

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4. Implementar un Plan Nacional de Infraestructura Hídrica 2030. “El país necesita una hoja de ruta con prioridades claras que incluya grandes sistemas regionales de abastecimiento, embalses para seguridad hídrica, plantas regionales de tratamiento de aguas residuales, proyectos de reúso del agua y aprovechamiento energético asociado al saneamiento”.

5. Modernizar los mecanismos de financiación. “Cerrar las brechas del sector exige combinar diversas fuentes de recursos. Además del Presupuesto General de la Nación, deben aprovecharse instrumentos como regalías, vigencias futuras, banca multilateral, bonos verdes, asociaciones público-privadas cuando sean viables, recursos territoriales y esquemas de pago por servicios ambientales. El objetivo debe ser que cada peso de inversión pública movilice recursos adicionales".

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6. Corregir las distorsiones del servicio público de aseo y promover ciudades más limpias. “El servicio público de aseo requiere una revisión integral de la política pública y del marco regulatorio para corregir las distorsiones que hoy limitan su sostenibilidad y afectan la calidad del servicio”.

También, afirmó que, para lograrlo, se requiere de reglas claras, autoridades fortalecidas, corresponsabilidad de los ciudadanos y mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control.

“Resulta prioritario avanzar en la actualización del modelo de aprovechamiento y en la consolidación de esquemas que impulsen la economía circular, mejoren la eficiencia operativa, reduzcan la disposición final de residuos y garanticen la sostenibilidad financiera del servicio”, puntualizó.